La indignante defraudación que espera respuesta

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de erigirse como el último bastión para evitar que la impunidad se regodee en la Argentina. Deberá hacerlo en un caso paradigmático de la larga década kirchnerista: el de Oil Combustibles.

La trama es farragosa y lleva siete años debatiéndose en los tribunales, donde se cruzan intereses legítimos y espurios, además de operadores que presionaron para beneficiar a los pseudoempresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, de quienes cabe recordar que habían contratado como abogado-lobista al luego presidente Alberto Fernández.

En ese contexto político complicado, el Tribunal Oral Federal N° 3 condenó por unanimidad al otrora titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por defraudar las arcas del Estado nacional que debía proteger, pero absolvió en fallo dividido a quienes se beneficiaron de ese malhacer, López y De Sousa.

Apelado el fallo por todas las partes, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó en octubre de este año los recursos de la fiscalía y de la defensa de Echegaray, aunque mandó a fijarle otra pena al exfuncionario sobre la base de criterios que, de aplicarse, le reportarán una reducción de la condena, en tanto que ratificó las absoluciones de López y De Sousa por el principio del beneficio de la duda.

“La hipótesis acusatoria en torno a la intervención adjudicada a Fabián De Sousa y Cristóbal López, en correlación con el director del organismo recaudador [por Echegaray], no pudo ser acreditada con el grado de certeza requerido para el dictado de una sentencia condenatoria”, remarcó uno de los camaristas, Daniel Petrone, en su voto.

Tras conocerse el fallo –difundido horas después de que los argentinos fuéramos a las urnas, con todos los focos de atención pública en la arena electoral–, López y De Sousa lanzaron su aceitada maquinaria mediática a pregonar que la Casación demostraba que habían sido víctimas de una persecución política, que no fue tal, durante el gobierno de Mauricio Macri.

De Sousa brindó, incluso, una conferencia de prensa en la que mostró los rostros de quienes dijo que habrían protagonizado la supuesta persecución contra el Grupo Indalo: Ricardo Gil Lavedra, Alberto Abad y un destacado periodista de este medio, Hugo Alconada Mon, tres hombres prestigiosos que acumulan, cada uno en lo suyo, décadas de servicio a la comunidad.

Conocido el fallo de la Casación, el fiscal general Mario Villar decidió acudir a la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión. Pero tanto el juez Petrone como su colega de sala, Diego Barroetaveña, rechazaron su recurso. Concluyeron que los planteos del fiscal resultaban inadmisibles. Ante ese cuadro, con buen criterio, Villar ha decidido que acudirá “en queja” a la Corte. Se trata de una vía excepcional, de resultado incierto, pero que en repetidas ocasiones rindió frutos a lo largo de muchas décadas, tanto al Ministerio Público Fiscal como a muchísimos imputados, querellantes y particulares, que intentaron –y lograron– revertir fallos injustos.

Debemos recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial ya determinó, en una resolución que se encuentra firme y con carácter de “cosa juzgada” que el proceder de López y De Sousa al frente de la petrolera Oil Combustibles fue “fraudulento” y “ruinoso”. Y que procedieron de ese modo reprochable desde el momento mismo en que la compraron, en 2011, siendo su debacle solo achacable a ellos y no a supuestas persecuciones.

Solo una moratoria que impulsó el gobierno de Fernández y que la oposición denunció con razón como un “traje hecho a medida” de la impunidad de López y De Sousa les permitió revertir la quiebra, resucitar Oil Combustibles y, en otro tan triste como bochornoso capítulo para nuestro país, incluso demandar al Estado nacional por el supuesto perjuicio sufrido.

Para que se entienda claro: playeros de estaciones de servicio retienen para sí lo que se cobra a cada cliente por el impuesto de combustibles. Con ese dinero compran empresas. Quien debe ingresar el dinero donde corresponde acepta que en lugar de entregar el efectivo, se entreguen pagarés a varios años, con vencimientos cada 30 días. Descubierta la operatoria, quien sustituye al que permitió ejecutarla durante años, impide que continúe. Denunciado el hecho, la Justicia absuelve a los playeros -que serían López y De Sousa- aunque condena al que recibía los pagarés en lugar del efectivo (el ex administrador federal Echegaray).

Por todo esto, cabe esperar que la Corte admita el recurso del fiscal Villar, ordene que le remitan el expediente penal y evite la impunidad en una de las defraudaciones al Estado nacional más portentosas e indignantes de nuestra historia.