La audacia de Milei es necesaria pero no suficiente

Más que la debilidad parlamentaria con la que siempre supo que iba a lidiar cuando llegara a la presidencia de la Nación, la principal preocupación de Javier Milei es no perder nunca la iniciativa ni el control de la agenda pública y que aquella falencia no paralice a su gobierno. El primer mandatario sabe que puede sufrir no pocas derrotas políticas, pero la batalla que entiende que no puede darse el lujo de perder es la cultural.

No fue casual que, al día siguiente de conocerse el megadecreto de desregulación de la economía, Milei se jactara de que se vendrán más anuncios y minimizara los cacerolazos en su contra, afirmando que los manifestantes quedaron abrazados al populismo y sufren una suerte de síndrome de Estocolmo, al tiempo que uno de los autores intelectuales de las medidas, Federico Sturzenegger, sugiriera que el decreto de necesidad y urgencia se justificaba por la necesidad de dar una fuerte señal a los agentes económicos acerca de un cambio de época.

El contenido del decretazo fue, efectivamente, bien recibido por sectores empresariales e incluso fue parcialmente apoyado por dirigentes políticos de sectores que no integran la coalición gobernante, como algunos radicales. Fuera del kirchnerismo y de grupos más radicalizados, el fondo no provocó fuertes rechazos. En cambio, casi nadie respaldó la forma; esto es, la alternativa elegida por el Gobierno de legislar por decreto.

Incluso constitucionalistas que siempre estuvieron en la vereda de enfrente del kirchnerismo, como Daniel Sabsay, hicieron oír sus críticas a la metodología a la que recurrió Milei para poner en marcha su audaz revolución desreguladora, que afectará a numerosos segmentos de la actividad económica. El principio general es que el Poder Ejecutivo tiene prohibido emitir disposiciones de carácter legislativo y, si bien la Constitución Nacional admite la posibilidad de que dicte decretos de necesidad y urgencia (DNU) en circunstancias excepcionales, difícilmente pueda justificarse que un decreto de esa clase derogue o modifique más de 300 leyes sin que el Presidente se esté arrogando facultades legislativas vedadas. Una cosa es un DNU que atienda a una cuestión puntual y otra muy distinta es un DNU que procure desarmar un gran conjunto de leyes sancionadas a lo largo de muchos años.

No solo no es habitual que un decreto presidencial, de 366 artículos y 82 páginas pretenda borrar de un plumazo un sinnúmero de leyes. También lo es el hecho de que para instrumentar esta reforma se haya recurrido a un único decreto y no a uno por cada norma que se busca derogar, entre las que hay cuestiones claramente disímiles entre sí como el Código Aduanero y la ley que rige a los clubes de fútbol, pasando por la ley de alquileres y la ley de abastecimiento.

El problema que representa el hecho de que se trate de un único decreto de amplitud y longitud inusuales es que, a la hora de ser tratado en el Congreso de la Nación, solo podrá aprobarse o rechazarse entero. Por lo que si ambas cámaras legislativas lo rechazasen, caerían todos los artículos del DNU, más allá de que algunos aspectos puedan ser considerados positivos por la mayoría de los legisladores y otros no.

De ahí que algunos sectores, incluida la Unión Cívica Radical, con su flamante presidente, Martín Lousteau, a la cabeza, pidieran al gobierno de Milei que reemplace el decreto por un proyecto de ley espejo que se pueda analizar y votar por capítulos, tras ser enviado al Congreso para su tratamiento urgente en sesiones extraordinarias. De esta manera, las reformas que sean consideradas positivas y reúnan un consenso podrían ser sancionadas, y las restantes, rechazadas.

Cabe recordar que, de acuerdo con la ley 26.122 que reglamenta el trámite de los DNU, las cámaras legislativas no podrán introducirle enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo. Deberán, en cambio, circunscribirse a su aceptación o rechazo mediante el voto de la mayoría absoluta de los legisladores presentes. Para que el DNU quede sin efecto, tendrá que ser rechazado por las dos cámaras del Congreso. Cualquier otra alternativa implicará que siga vigente.

La ley reglamentaria de los DNU fue aprobada en 2006 a instancias del kirchnerismo. Fue impulsada por Cristina Kirchner, por entonces senadora nacional, con un sesgo que acrecentó el hiperpresidencialismo, ya que le hacía menos complicado al Poder Ejecutivo pasar el control del Congreso. Curiosamente, cuando no estaba en la coalición gobernante, Cristina Kirchner, en el año 2000, había presentado un proyecto de ley en sentido contrario, puesto que preveía que los DNU solo serían ratificados si eran declarados válidos por ambas cámaras del Congreso.

Quizá por la doble exigencia para su derogación, nunca hasta ahora un DNU fue rechazado por las dos cámaras parlamentarias. Sin embargo, hoy los números que exhibe el Congreso indican que no sería imposible que el megadecreto desregulador de Milei pueda ser volteado. En la Cámara de Diputados, hay 101 legisladores de la Unión por la Patria (kirchnerismo), 5 de fuerzas de izquierda y 34 radicales, que en conjunto suman más de la mitad más uno del cuerpo (129). En el Senado, los 33 representantes de Unión por la Patria y los 13 del radicalismo suman bastante más de los 37 que conforman la mayoría absoluta de la cámara. Si los legisladores de la UCR ratifican la posición enunciada ayer por la mesa nacional del partido, el riesgo de que el megadecreto sea rechazado sería elevado.

La audacia de Milei no puede estar en duda. No solo ha desafiado al Poder Legislativo, sino también a los caciques sindicales que conducen la CGT, con su decisión sobre la incorporación de las empresas de medicina prepaga al sistema de obras sociales. El interrogante es si su audacia le alcanzará al Presidente para que su megadecreto no termine naufragando.