Elecciones: las reglas de juego no deben ser cambiadas

Frente a algunos cambios impulsados desde sectores del oficialismo, que van desde la modificación del calendario electoral hasta la suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), es necesario advertir que el desarrollo de la pandemia actual no puede bajo ningún concepto brindar dudosos argumentos para manipular el proceso electoral.

Como ya hemos señalado desde esta columna editorial, la pretensión de aplicar reformas electorales para que rijan dentro de un mismo período gubernamental no solo afecta la previsibilidad política, sino que también implica una vulneración de la seguridad jurídica.

Nuestra Constitución nacional establece que cualquier reforma electoral debe efectuarse mediante una ley del Congreso y que los decretos de necesidad y urgencia en ningún caso pueden abarcar la materia electoral. En tal sentido, toda modificación en el calendario electoral o en el sistema electoral vigente debería ser objeto de un consenso entre los parlamentarios.

Desde el Gobierno se ha sugerido la posibilidad de retrasar un mes las PASO, previstas para agosto, y las elecciones generales nacionales, que deberían efectuarse en octubre. Los impulsores de este diferimiento de sendos actos electorales esgrimen que el corrimiento de un mes contribuirá a reducir los peligros de contagios masivos por el Covid-19 ante la movilización masiva de ciudadanos a las urnas.

Se trata de una conjetura que encuentra defensores, pero también detractores, por cuanto nadie puede saber hoy cuál será el estado general de la crisis sanitaria que vivirá la Argentina dentro de cinco o seis meses como consecuencia de la creciente segunda ola de coronavirus.

En las próximas elecciones nacionales los argentinos deberán elegir 24 senadores y 127 diputados. Además, en cada distrito del país se realizarán elecciones legislativas provinciales y municipales en las fechas que determine cada provincia.

La modificación del calendario electoral podría ser entendida como una medida excepcional, siempre y cuando sea aprobada por el Poder Legislativo con los debidos consensos entre las fuerzas políticas. Sin embargo, puede sospecharse que, detrás de algunas de las propuestas escuchadas en el oficialismo, más que una preocupación por la propagación del Covid-19, hay una mera especulación electoral.

No escapa a los analistas políticos que, en las circunstancias actuales, el oficialismo se ve apremiado por el crecimiento de los niveles de inflación, pobreza y desocupación, por lo que una prórroga del proceso electoral podría otorgarle algo más de tiempo para que comiencen a verse los resultados de una probable recuperación económica, que venga de la mano del avance de un plan de vacunación que hoy se ejecuta a marcha muy lenta.

Las sospechas sobre los verdaderos propósitos de la coalición gobernante se acrecentaron con la propuesta de Sergio Massa –que siguió a distintas versiones en el mismo sentido– de suspender las PASO o bien llevarlas a cabo el mismo día de la elección general. Esta última idea, disparatada por cierto, transformaría nuestro sistema electoral en un engendro que lo acercaría a una suerte de ley de lemas. Implicaría un auténtico manoseo de uno de los pilares en los que se asienta una democracia y un golpe a nuestras instituciones.

Ante la probabilidad de que algo así tenga lugar, parecería inconveniente e inoportuno avanzar sobre este debate. Lo más aconsejable sería dejar las cosas como están.

Más allá de las múltiples críticas que podamos formularle al sistema de primarias abiertas, que en la práctica no ha servido para el fin con que fue concebido –la mayor participación ciudadana en el proceso de selección de candidatos–, es necesario insistir en que no corresponde cambiar las reglas de juego cuando el partido está a punto de comenzar.

Sorprende que si lo que se busca con las reformas propuestas es evitar un mayor riesgo de contagios, nadie en el oficialismo esté propiciando la introducción del sistema de boleta única, que entre otras cosas, simplificaría el trámite electoral y minimizaría la propagación del virus por la menor manipulación de papeletas en el cuarto oscuro y la eliminación de los sobres para sufragar, protegiendo tanto a votantes como a autoridades de mesa.

Es de esperar que las especulaciones partidarias no pongan en peligro la necesaria previsibilidad que debe regir a un proceso electoral y que, en el futuro, se sancione una norma que determine la necesidad de que cualquier eventual reforma de naturaleza electoral que se apruebe solo comience a tener vigencia a partir del período gubernamental posterior al que tenga lugar al momento de sancionarse la nueva ley.