El incalculable costo de la corrupción

Dentro de la muy crítica herencia recibida por la nueva gestión de gobierno debe incluirse el agravamiento de la corrupción.

En el último informe elaborado por Transparencia Internacional, la Argentina es calificada, o más bien descalificada, con solo 35 puntos sobre 100. En nuestra región están mucho mejor conceptuados Uruguay, con 74, y Chile, con 67 puntos. En 2015, en el final de la presidencia de Cristina Kirchner, la calificación de la Argentina fue de 32 puntos. Luego mejoró durante la gestión de Mauricio Macri, subiendo a 45 puntos en 2019, para volver a caer desde entonces.

Estos valores confirman que la gran degradación ocurrió bajo la conducción del matrimonio Kirchner. Su impronta fue clarísima, no solo por las evaluaciones internacionales, sino además por las evidencias conocidas públicamente, hayan o no recibido aún condena judicial definitiva. La corrupción en la obra pública alcanzó en esos años dimensiones dantescas, y no solo fue luego identificada y comprobada por la Justicia, sino también reconocida por los empresarios involucrados. Su reaparición en la gestión de Alberto Fernández reconoce la misma matriz kirchnerista, reimpulsada por una acentuación del intervencionismo estatal.

El control de precios y el cepo cambiario, plagado de autorizaciones y escaseces, extendieron la ocurrencia de coimas y “reintegros”. Muchas veces el poder de coerción de los funcionarios estuvo apoyado en decisiones que implicaban la paralización o la supervivencia de una empresa.

Comprobada la relación histórica de la corrupción con el kirchnerismo, no pueden dejar de observarse dos aspectos preocupantes. Por un lado, que la corrupción involucra siempre dos actores y que una parte del empresariado local participó en los hechos. Por otro lado, que la sociedad argentina ha mostrado por momentos una marcada indiferencia ante el fenómeno. Puede incluso afirmarse que la falta de una amplia condena social derivó en una Justicia condescendiente y a veces asociada a la corrupción. Esta es la derivación que puede afectar más sensiblemente la seguridad jurídica requerida por inversores y ahorristas. Este es uno de los frentes en que deberá trabajar el gobierno de Javier Milei, con el apoyo de una ciudadanía que debe entender que la corrupción no solo degrada principios de vida, sino que afecta materialmente a todos y, en particular, a los que menos tienen.

Entre los relevantes propósitos del nuevo presidente está el de dejar atrás una Argentina fuertemente corporativa y avanzar hacia una sociedad abierta y competitiva con libertad para trabajar, producir y comerciar. Esto incluye la apertura económica hacia el exterior, la libertad sindical y la derogación de una infinidad de regulaciones. La facilidad con que la dirigencia empresarial y sindical han aceptado la corrupción no está desvinculada del hábito corporativo de capturar al Estado en favor propio.

El daño que ocasiona la corrupción excede holgadamente el valor nominal de los fondos mal habidos. La decisión de un funcionario movida por una coima no solo carga sobre los contribuyentes los fondos derivados al cohecho, sino que lleva a decisiones muchas veces inconvenientes o incluso perjudiciales para la comunidad. Por muchos años habrá sobrecostos o deficiencias de calidad. Además, los países afectados por la corrupción se vuelven inaceptables para la inversión por parte de empresas internacionales o fondos sujetos a leyes que se aplican estrictamente. El combate contra las prácticas corruptas se ha extendido en el mundo desarrollado y el compliance está hoy en todas las agendas corporativas. En los años 70 Estados Unidos puso foco en la actuación de sus empresas en el resto del mundo. En 1977 se dictó el Acta sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, que penalizaba severamente a empresas y personas que incurrieran en forma directa o indirecta en esas acciones. Desde 2016 tiene vigencia la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La OCDE tiene su convención antisobornos.

Sin duda, la corrupción se paga con vidas. Es difícil cuantificar su costo material. Se han hecho estimaciones imprecisas basadas en un porcentaje de las contrataciones del Estado. Tal vez la más fundamentada pero de insuficiente cobertura es la realizada por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Las 15 causas de corrupción locales más importantes, iniciadas entre 1990 y 2013, computan un perjuicio económico para el Estado de más de 6200 millones de dólares. Una extrapolación al momento actual y al universo no judicializado de casos seguramente excedería los 15.000 millones de dólares de costo directo para el Estado. Sería el dinero que pasó de los contribuyentes al bolsillo de funcionarios. Pero eso seguramente representa una suma ínfima en comparación con el costo acumulado por efecto de decisiones inadecuadas y por desistimiento de inversiones. Tal vez sea nada más y nada menos que la diferencia entre una Argentina próspera y la que tenemos hoy.