Cartelización de obra pública: ganó la impunidad

Otra oportunidad perdida. Así podría definirse la reciente decisión de la Secretaría de Comercio que archivó la investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) sobre la cartelización de la obra pública, tras concluir que no había encontrado evidencias contundentes de una colusión entre las empresas constructoras.

La investigación había comenzado cinco años atrás, en las semanas que siguieron al inicio de la pesquisa penal conocida como la causa Cuadernos, que expuso un entramado de corrupción que involucró a la cúspide del kirchnerismo y a empresarios con decenas de arrepentidos y detenidos que deberán afrontar un juicio oral.

Para los vocales de la CNDC, sin embargo, no resultaron suficientes las evidencias y confesiones judiciales que se acumularon durante los últimos años para demostrar la existencia del “club de la obra pública”, tanto en la causa de los cuadernos de las coimas como en otras investigaciones criminales de altísimo impacto. No resultó suficiente, por ejemplo, que Carlos Enrique Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012, se acogiera al régimen del arrepentido en la causa Cuadernos y relatara cómo se repartieron los contratos de obra pública entre los empresarios del sector, incriminándose a sí mismo e involucrando a sus propias empresas constructoras, Esuco y Decavial. Tampoco alcanzó que el financista Ernesto Clarens también confesara ante la Justicia cómo funcionaba el mecanismo colusorio desde que se lanzaba la licitación para una obra pública durante el kirchnerismo hasta que se cobraban los sobornos; en particular a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como la Camarita. Confesión, cabe añadir, en la que se incriminó y que fue acompañada de planillas con detalles de la operatoria.

Más paradójico aún es que a lo largo del dictamen de 569 fojas que emitió para archivar las actuaciones la CNDC solo aludió una vez, y de pasada, al secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José Francisco López, quien también se acogió al régimen del “arrepentido” en los tribunales y abordó cómo operaba el “club de la obra pública”.

Resulta asimismo llamativo que los vocales de la CNDC citaron a declarar como testigos al titular de Vialidad Nacional durante el macrismo, Javier Iguacel, y a dos periodistas de este diario, Diego Cabot y Hugo Alconada Mon, para luego descartar sus declaraciones. Concluyeron que no tenían información como testigos directos, sino que se apoyaban en los dichos de terceros, ya fueran empresarios del sector, empleados de Vialidad o fuentes periodísticas.

Es llamativo porque la CNDC descartó, incluso, las copias que Alconada Mon aportó de las confesiones de los “arrepentidos” brasileños de Odebrecht –conocidos allá como “delatores premiados”–, en las que aquellos criminales de cuello blanco precisaron cómo se repartían los contratos de obra pública en la Argentina, de la mano de Wagner y del equipo del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Llama la atención, entre otros motivos, porque la CNDC descartó esas copias luego de que la Justicia las considerara válidas y las usara como pruebas, decisión en la que coincidieron magistrados de primera instancia y tribunales superiores. Con un dato adicional: esas mismas delaciones también llegaron desde Brasil a los tribunales federales de Comodoro Py gracias a las gestiones del fiscal Franco Picardi, aunque la CNDC tampoco tomó nota de eso.

Podríamos sumar varios ejemplos más. Pero solo consignaremos dos: la CNDC no tomó en cuenta las conclusiones del tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner, a varios funcionarios de Vialidad y a Lázaro Báez en el caso Vialidad, dando por probada la cartelización, estando las constructoras de Báez bajo la lupa de la CNDC en las actuaciones que decidió archivar. Tampoco aludió a la resolución de 128 fojas que la Cámara Federal porteña emitió en octubre de 2019, en la que confirmó parcialmente los procesamientos de funcionarios y empresarios dictados por el entonces juez federal Claudio Bonadío en la causa Cuadernos y revocó parcialmente otros, pero dio por verificada la cartelización de la obra pública.

Pese a todo esto –o precisamente porque obviaron todo esto–, los vocales de la CNDC Guillermo Pérez Vacchini, Balbina Griffa Díaz y Pablo Lepere concluyeron que “los indicios que se observan [en el sector de la obra pública] van en sentido opuesto a la probabilidad de formación y sostenimiento de un acuerdo de reparto de licitaciones”, conclusión a la que arribaron el 30 de junio pasado y que refrendó el secretario de Comercio, Matías Tombolini, el 19 de agosto. Es decir, el sábado posterior a las PASO.

Desde la Comisión explicaron que no encontraron una prueba “directa o contundente” de cartelización y que cualquier otra decisión hubiera sido revocada luego por la Justicia, con el consiguiente despilfarro de recursos humanos y presupuestarios para el Estado cuando la instrucción administrativa orillaba ya el plazo de prescripción, fijado en cinco años. Esa es una forma de encuadrar el desafío que tenían entre manos. Acaso debieron investigar más y mejor durante todos estos años… y al final del camino tomar la decisión correcta. ¿Qué más se necesita para probar un mal hacer que las confesiones de beneficiarios (Odebrecht y Wagner), de intermediarios (el propio Wagner y Clarens) y de un receptor (López)?