Obra pública: unas pocas continúan en medio de una transición hacia el incierto paradigma privado

La obra pública fue, alguna vez, uno de los principales actores a la hora de hacer campaña. Pero para pesar de la maltrecha infraestructura argentina, ese tiempo es historia. “El cemento no se come”, le enrostró Mayra Mendoza a Martiniano Molina, entonces intendente de Quilmes, en aquella campaña de 2019. Fue el preludio de lo que se vendría: en el juego de la seducción al votante, la plata al bolsillo vale más que infraestructura. Pesos frescos, aunque devaluados, mata cemento.

En los últimos 4 años, el Ministerio de Obras Públicas nacional tuvo en su cartera de proyectos garn mayoría de iniciativas que hasta hace no tanto tiempo, las hacían los municipios. Obras menores, desde cordón cuneta hasta una pocas cuadras de asfalto. Los escasos proyectos que generan desarrollo, como las autopistas, los puertos o las obras energéticas, quedaron para otro momento, o en su caso, están paralizadas, a la espera de las definiciones que todavía no llegan desde la cúpula del poder en la Casa Rosada.

Sólo para ilustrar aquella consigna del inicio -billete mata cemento- vale mirar la ejecución presupuestaria del año pasado. El Ministerio de Obras Públicas gastó 2,35% del presupuesto total de la Administración Pública Nacional mientras que el de Desarrollo Social, que ahora ya está subsumido dentro el de Capital Humano, hizo cheques por 5,41%, casi el doble. Desarrollo Territorial y Hábitat, donde se concentran los planes de vivienda, apenas llegó a 0,75%.

¿Que pasó en 2021, primer año después de la pandemia? La cartera que manejaba Victoria Tolosa Paz ejecutó un 4,85% del total del presupuesto de la Nación, el que comandaba Gabriel Katopodis, el 3,14% y el que dirigió Jorge Ferraresi, 2,72%. Es decir, el desplome de la obra pública como política de Estado se produjo en el gobierno de Alberto Fernández. No es tanto lo que debería paralizar el presidente Javier Milei.

“Tenemos la hidrovía caída hace años; el puerto de Buenos Aires, también; las centrales hidroeléctricas, los corredores viales, los ferroviarios, todo eso se ha caído. Pensamos que el Estado se tiene que retirar de todo lo que puede hacer el sector privado, se tiene que retirar no solo económicamente sino también regulatoriamente” dijo el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, el jueves, ante el plenario de comisiones del Congreso, en el debate sobre la ley ómnibus que envió el Poder Ejecutivo.

Las represas sobre el río Santa Cruz, llamadas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, están ahora inmersas en un enorme interrogante, aunque, seguramente, el poder de fuego de la diplomacia China generará las condiciones como para que no se termine de paralizar. La autopista Perón, que une 12 partidos del conurbano y es el tercer cordón circunvalar del área metropolitana, tiene 52 kilómetros habilitados de 85 totales y nadie sabe si se terminará o si se optará por un concesionario privado. Por ahora, todo lento y a la espera de lo que pasará la nueva gestión.

En decenas de obras e han retirado las máquinas y la parálisis es total. Por caso, la ampliación de 20 kilómetros de la Ruta 5, un proyecto que pretendía hacer autovía la traza desde Mercedes a Suipacha, está abandonada. La obra, que se presupuestó en 3902 millones de pesos, fue adjudicada por el ministro Gabriel Katopodis en enero de 2022 a CPC, la constructora de Cristóbal López. El plazo de ejecución era de 36 meses. Ya pasaron 24 y nunca se puso un centímetro de asfalto. Apenas, movimiento de suelo que ahora es un enorme cantero de pastos silvestres que, de a poco, cubren de verde el listón paralelo a la ruta.

Sin presupuesto

Son varios los ministerios que ejecutan obras aunque, claro, el de Infraestructura es el que más importancia tiene. Las secretarías de Transporte, Vivienda y Obras Públicas, por lejos, son las que más áreas tienen relacionadas a la construcción. Sus secretarios, por ahora, no saben con qué presupuestos contarán como para poder decidir qué continúa y qué no. “Suponemos que esta semana estará terminado el presupuesto para conocer qué partidas vamos a tener para gastar en el año, y con eso, imagino, podemos empezar a planificar qué sigue y qué no”, dijo un funcionario del área.

El punto es que la Administración Pública funcionará este 2024 con el presupuesto del año pasado ya que, de acuerdo al pedido del propio Javier Milei a Sergio Massa en plena campaña, la discusión en el Congreso se pospuso para después de las elecciones. Pasó el día, y el oficialismo prefirió no abrir otro frente de batalla y funcionar con la vieja norma, actualizada. Pero ese trámite, complejo porque cambió el diseño de la administración pública, aún no está terminado y los ministerios no saben con qué dinero podrán contar para avanzar, o no, en los proyectos por ahora quietos.

De acuerdo a lo que confiaron dos fuentes oficiales a LA NACION, la obra pública será sometida a una zaranda. Lo primero que pasará serán los proyectos que tengan financiamiento internacional. De hecho, la semana pasa, el secretario de Transporte, Franco Moguetta, se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrolo (BID) y con el banco de fomento CAF para ponerse al corriente de estas obras. En el Gobierno dicen que se van a continuar.

Luego vendrán los iniciados. Ahí se mirará un sólo número: el porcentaje de ejecución. De acuerdo al nivel de avance de la obra se decidirá que hacer con ellas. “Las que estén cerca de ser terminadas, seguramente se terminarán. Las otras, lamentablemente, se paralizan”, dice un funcionario. Será esa, una mirada artesanal, de cada proyecto. Finalmente, las que no se iniciaron, no se iniciarán, al menos con el esquema de obra pública tradicional.

“Los invito a pensar qué gran obra de infraestructura grande se hizo desde los 90 a la fecha. No tenemos centrales hidroeléctricas nuevas, no tenemos accesos viales nuevos, tampoco puertos. Todo lo que fue concesionado se ha ido cayendo desde 2015 a la fecha”, dijo Ferraro.

Dentro de la ley ómnibus hay un proyecto en el que el gobierno confía. Se trata del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un sistema que no sólo se aplica a la obra pública sino a cualquier gran inversión que llegue. De acuerdo a las explicaciones de Ferraro en el Congreso, quien adhiera y cumpla los objetivos de inversión en 2024 y 2025 tendrá una tasa del impuesto a las ganancias de 25%. Además, después del tercer año, podrá girar el 100% de los dividendos al exterior, no pagará IVA en los bienes de capital e de insumos que hacen al proyecto. El impuesto a los débitos y créditos bancarios se podrá aplicar al pago de ganancias y habrá arancel cero para importar bienes de capital e insumos necesarios para la inversión. Finalmente, se entregará una exención de derechos de exportación al tercer año.

Confían en este paquete y en las concesiones privadas. El problema que tienen ambos es la estabilidad a largo plazo, necesaria como nada para este tipo de iniciativas. Se trata de un intangible que se compra con tiempo y conducta, dos bienes escasos en la urgencia de la economía argentina.