Los tres objetivos de Caputo, las dudas con Ganancias y la insólita “rebelión de las lanchas”

El encuentro estaba fijado para el miércoles a las 14.30 en el Ministerio de Economía. Pero empezó un poco más tarde, a eso de las 15. El ministro de Economía, Luis Caputo, les ratificó a las empresas de consumo masivo que no va a haber una nueva devaluación y que el precio de equilibrio de dólar debería estar hoy en los $900. Es, dijo, la convergencia entre la cotización oficial y la paralela.

Acompañado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, Caputo les pidió en esa reunión a las empresas ajustar sus proyecciones estimadas de ventas y precios –sobregiradas en diciembre por el salto del dólar- a las nuevas variables actuales, a una macroeconomía -dijeron los funcionarios- que se comenzó a ordenar.

Ahondó entonces en la metodología para bajar los precios. Nada de 2x1, promociones o bonificaciones, dijo: pidió que se reflejen en los precios de lista. Son los que releva el Indec para el IPC. “Si no hay un índice totalmente distorsionado frente a lo que está pasando”, les explicó a los empresarios.

Luego se dedicó a escuchar. Quería tener, de primera mano, cuál era hoy la sensación de los directivos. Algunos empresarios contaron que, en las categorías más básicas, la bajas en las ventas son de un dígito. Sin embargo, en otras, las más sofisticadas o en bebidas alcohólicas, incluso, se estiran hasta las dos cifras. Los congelados, puso una fuente el ejemplo, caen entre 20% y 30%. Sobre los precios, varios le ratificaron a Caputo que están en “baja sostenida”. Explicaron que en febrero estuvieron en un dígito alto y en marzo, en uno bajo. Caputo se reunirá el lunes con los grandes supermercados en la misma sintonía.

La Biblia de Caputo tiene actualmente tres mandamientos que guían sus actos, cuentan en el quinto piso del Palacio de Hacienda. El primero es bajar la inflación. El segundo, que la economía vuelva a crecer y, el tercero, es bajar los impuestos. En resumen: frenar los precios para estabilizar. Estabilizar para volver a crecer. Y crecer para lograr el suficiente margen fiscal y comenzar a bajar la fuerte presión tributaria.

Algo de eso llevó la Casa Rosada a la reunión con los gobernadores el viernes por la tarde. “Hablaremos del paquete fiscal que teníamos en la ley y de Ganancias. La reforma tributaria queda para más adelante. Ordenamos la macro, y después simplificamos y bajamos impuestos”, contaron allí.

En Economía creen que habrá un superávit financiero en febrero, pese a que algunos números no son auspiciosos (los de la OPC). Todos los ítems vinculados a la actividad cayeron en la recaudación del mes. “Licuadora versus motosierra: el Gobierno ha entrado en una dura batalla contra sí mismo. La recaudación nacional registró el peor febrero en más de 15 años por la recesión y los cambios en ganancias”, escribió Fernando Morra, ex vice de Economía, el viernes por la noche. Se necesitan más ingresos o menos gasto.

Por eso, el Gobierno apura el paquete fiscal y la restitución de Ganancias. Los tributaristas rumoreaban ayer que es “curioso” que en el comunicado del Ejecutivo tras ver a los gobernadores no apareciera mención a los cambios propuestos en Bienes Personales, que hoy pesaría más. Ya no se pueden seguir pisando pagos o licuando jubilaciones. Las reformas en la ley de Bases, en tanto, serían el piso para intentar restaurar el crecimiento, en principio, con nuevas inversiones. Muchos más tarde, con una mejora del consumo masivo.

“La actividad económica en enero ya acumula un retroceso cercano al 6% desde septiembre pasado, volviendo a niveles a los de agosto de 2021, cuando la economía seguía afectada por la pandemia”, escribió Sebastián Menescaldi, director en EcoGo esta semana para graficar la situación.

Aparte de sumar ingresos, el Gobierno puede seguir cortando gasto, lo que contraerá más la economía. No sólo pondrá el foco en los 12 millones de cheques que entrega el Estado por mes y que representan 2,5 puntos del PBI, según los últimos cálculos de la consultora Econométrica. Es probable que siga apuntando a más bajas en el empleo público. Milei suele acelerar: lo hizo con el Inadi y con Télam. ¿Se animará al Indec? En los pasillos del organismo ya se habla de “jubilables” y se apunta a los “monotributistas”.

En el equipo económico confirman que “no alcanza” con una brecha cambiaria chica –como la actual, menor al 20%- para levantar el cepo. Se necesitan reservas (hoy siguen en terreno negativo) y una fuerte desaceleración de la inflación. Otras expectativas. La pregunta es si el tipo de cambio actual (el oficial y el diferencial para exportadores) alcanza para capturar los dólares de la cosecha gruesa. ¿Un nuevo tipo de cambio diferencial, más alto que el actual, puede oscurecer expectativas sobre una devaluación futura a la hora de levantar el cepo? Una mayor brecha atrae otro salto brusco y eso entorpece expectativas sobre la baja de inflación. Dilemas. Algunos miraron esta semana a Egipto, otro país con un programa con el FMI, al que se le pedía una fuerte devaluación: su moneda comenzó a flotar con una devaluación de casi 40%.

Las dudas con los impuestos

La convocatoria presidencial para el nuevo debate en el Congreso Nacional volvió, como en enero, a poner muy ansiosos a los estudios de abogados especialistas en impuestos. Todos quieren tener la primicia para sus clientes. El viernes comenzó a circular, por caso, un resumen del supuestamente “nuevo” paquete fiscal. Resulta que era una síntesis, sí, pero de un proyecto firmado por Ricardo López Murphy.

El interés principal de la clase media está puesto en Ganancias. Otro borrador que circula contempla la derogación del impuesto cedular de la cuarta categoría, que disponía para el primer semestre de 2024 un Mínimo No Imponible de $2.340.000 y, por el excedente, alícuotas entre el 27% al 35%. La idea, sería, regresar a las normas de la cuarta categoría, disponiendo las deducciones personales en el mismo monto que fue enviado al Congreso a principios de año, con actualización trimestral por IPC (inflación), reemplazando el Ripte y los Salarios Mínimos, que rigen en la actualidad. Eso implicaba un piso de $1.250.000 brutos para solteros y cerca de $1.500.000 para casados con dos hijos a cargo.

Una buena y una duda, si se confirmara este proyecto. Se solucionaría un tema espinoso: allí se ratificaría el decreto 415/23, que incrementaba en un 36% los importes de las escalas progresivas del impuesto para 2023. El Poder Ejecutivo, en tiempos de Sergio Massa, no estaba facultado para tal modificación, por lo que requiere una ratificación legal. Caso contrario, los contribuyentes le deberán a la AFIP. Algo parecido, podría pasar –una deuda con el fisco- si la vigencia de los nuevos montos imponibles (inferiores al impuesto cedular) en la nueva ley no empiezan a regir desde el segundo trimestre.

Los impuestos son también un gran tema de conversación en Buenos Aires. Allí comenzaron a engendrar un “insólita rebelión de las lanchas”. Pasa en Tigre, San Fernando, San Isidro y Mar del Plata. Es territorio de Axel Kicillof, que anoche anunció que –por un adelanto extraordinario de Ingresos Brutos a grandes empresas- hizo caja por $160.000 millones. La rebelión marítima viene detrás de los aumentos en los inmobiliarios urbano, rural y las patentes de autos (288%). En ARBA dicen que esos impuestos se ajustaron por inflación (proyectada por REM tras la devaluación), pero lo cierto es que los salarios no subieron por el mismo ascensor. Y la actividad económica, además, no acompaña tampoco a los bonaerenses. En ARBA además quitaron exenciones (como en CABA) a la inversión financiera, actualizaron la tasa portuaria, que estaba fija en pesos, y subieron un impuesto a la carne (de 2,5% a 5%). Por eso recaudan $1000 millones más. Es claro que Cristin Girard, el titular de ARBA, es hoy uno de los hombres clave de Kicillof.

En el caso de las embarcaciones, y la “rebelión” en ciernes en la provincia hubo además una trampita: un revalúo. Embarcaciones de madera, con pocos metros de eslora y una antigüedad considerable, pasaron de valer $3 millones a $43 millones, un aumento de más de 1000%. La cuota –son dos- pasó de $70.000 a $503.000 en algún caso. Los aumentos promedio, en el caso de este impuesto patrimonial, son de casi 600%. En ARBA se justifican: dicen que no hay registro de referencia como sucede con los autos. Fueron a buscarlas a los amarres y guarderías. Piden a los dueños que vayan a “hacer el trámite” para protestar.

Lo cierto es que en tres días el grupo de Whatsapp “Valuaciones embarcaciones ARBA” pasó de algunas personas a más de 800 y sigue creciendo. “Estoy en el grupo y escribí mi caso al principio”, contó un integrante del mismo. Allí afirmaba que su bote es de madera y del año 1938. En 2023, pagó $140.000 y en 2024, $1.000.000. “Lo valuaron en $43.000.000, tres veces su valor de mercado”, denunció.

El enojo es tal que el sábado, a las 9, los “navegantes autoconvocados” se juntan a las 11 en el playón de trenes de Tigre con una bandera: “Decimos no al aumento desmedido de ARBA”.

“Los Insaurralde de este mundo son 10; no somos nosotros″, afirmó enojado Francisco, uno de esos navegantes. “Empujamos una acción colectiva. Esto es confiscatorio. Estamos pensando en una rebelión fiscal; en no pagar la primera cuota”, advirtió el hombre de San Isidro que irá mañana a Tigre. La crisis arrecia como una tormenta. Y cae sobre todos: argentinos y los fiscos están en el mismo barco.