La terapia de ajuste aún no es un plan estabilizador

Después de apenas seis días de gestión –que ya parecen más de un mes–, el flamante presidente Javier Milei obtuvo al menos dos amplios consensos en el ambiente económico y empresarial.

El primero, su extraordinaria precisión sobre la pavorosa herencia recibida tras los cuatro años de gobierno del Frente de Todos. El segundo, que las medidas de fuerte ajuste fiscal y recomposición de precios relativos atrasadísimos debido a la inflación reprimida (dólar oficial y combustibles, a los que se sumará a partir de febrero de 2024 el recorte de subsidios a las tarifas de energía y transporte en el AMBA), tendrán impacto inmediato sobre los precios mayoristas y minoristas en los próximos tres o cuatro meses.

Por lo tanto, son condición necesaria pero no suficiente para un programa de estabilización económica con reformas de fondo que aporten un horizonte más allá de las penurias de corto plazo. Esas reformas (laborales, impositivas, desregulaciones, derogación de leyes anacrónicas, etc.) están siendo elaboradas y discutidas sobre la marcha por un equipo que aún no terminó de completarse y tienen por delante un destino incierto en el Congreso. Como la necesidad tiene cara de hereje, no se descarta que algunas sean dispuestas por DNU.

El ministro Luis Caputo no solo comparó la situación económica y el riesgo de una hiperinflación con un paciente en terapia intensiva. Las medidas de esta semana corroboraron que Milei acentuó su giro al pragmatismo a costa de menor previsibilidad, como en la devaluación multipropósito con un “blend” (80% de tipo de cambio oficial y 20% CCL), acompañada por la imprevista suba de retenciones a la exportación (incluso agropecuarias, no incluidas en el anuncio inicial) y reforzada por el impuesto PAIS para encarecer nuevas importaciones, que dejarán de pasar por el sospechoso filtro de las SIRA. En ambos casos apuntan a reforzar los ingresos no coparticipables del Tesoro nacional. Y aunque las nuevas retenciones fueron presentadas como provisorias, a nadie escapa que la Argentina arrastra un largo historial de impuestos de emergencia que llegaron para quedarse.

Tampoco el Presidente tuvo pruritos en dar marcha atrás con los cambios en el impuesto a las Ganancias que había votado como diputado y ahora (con un piso salarial proyectado de $976.000 mensuales) atribuye al reclamo de los gobernadores provinciales, a quienes Sergio Massa había prometido coparticipar el mal llamado impuesto al cheque (ICDB), un gravamen de emergencia que lleva más de 20 años.

Otra evidencia de pragmatismo es que reemplazó la “motosierra” por el bisturí en el ajuste fiscal para bajar a cero en 2024 el déficit primario heredado, de 3% del PBI (abultado por el “Plan Platita”) y de 5,2% incluyendo intereses de la deuda. De hecho, 58% corresponde a recortes de gastos (3,2% del PBI) y 42% a subas de ingresos (2,2%). Las reducciones de gastos incluyen subsidios económicos (-0,7%); obras públicas (-0,7%); transferencias a provincias (-0,5%); jubilaciones y pensiones (-0,4%); programas sociales (-0,4%) y gastos de funcionamiento (-0,5%). A su vez, el aumento de ingresos se reparte entre el impuesto PAIS de 17,5% por 12 meses (+0,8% del PBI); retenciones adicionales de 15% a la exportación (+ 0,5%); reversión de Ganancias (+0,4%) y adelanto de Bienes Personas, Moratoria y Blanqueo (+0,5%).

En su último ciclo mensual del año, el economista Miguel Ángel Broda elogió esta semana el diagnóstico de Milei (“mejor imposible”, dijo) y afirmó que, como no hay margen para el gradualismo, se trata de medidas de urgencia para poder elaborar un programa de estabilidad y reformas estructurales que ataquen las causas de las políticas fiscal y monetaria que frenaron el crecimiento de la economía. Con una metáfora similar a la de Caputo, sostuvo que en una sala de urgencias y frente a un paciente infartado, los médicos no recurren a los libros sino a la RCP (reanimación cardiopulmonar) para salvarle la vida. También recordó que planes bien diseñados como el Austral (1985) y el de convertibilidad (1991) tuvieron un trabajo previo de varios meses antes de ser lanzados sin atrasos cambiarios ni tarifarios y en ambos casos tuvieron un fuerte impacto reactivante.

Según los cálculos de Broda, el actual tipo de cambio oficial de $800 es 43% superior en términos reales al dólar de diciembre de 2019 (Alberto Fernández), que a valores de hoy equivaldría a $559 e incluso al promedio del período 2003/2007 ($720). No obstante, aún con el “blend” ($860) y el ajuste de 2% mensual, estima que la mejora de competitividad se diluirá en cuatro o cinco meses debido a la mayor inflación, que proyecta entre 20 y 25% mensual entre diciembre y febrero, para declinar a 17% en marzo y 10% en abril.

Por otra parte, entre diciembre y febrero hay vencimientos de deuda por US$5200 millones (incluyendo el pago este mes de US$914 millones al FMI con el crédito de la CAF para evitar el pedido de un waiver y negociar un nuevo programa), que requerirán un préstamo puente hasta abril, cuando comiencen los ingresos de divisas por la cosecha de soja.

A juicio de varios analistas, la estrategia oficial sería aprovechar la “llamarada” inflacionaria de los primeros meses de 2024, con licuación de gasto público, salarios, jubilaciones y pases del BCRA para lograr un descenso de precios en la segunda mitad del año debido a la caída de la actividad económica y el consumo de las familias, cuyos ingresos serían ajustados debajo de la inflación. Es el escenario de estanflación que pronosticó Milei en las semanas previas al balotaje.

Moratoria y blanqueo

Mientras tanto, ya comenzaron a circular presuntos borradores oficiales de dos proyectos de ley para reforzar los ingresos fiscales. Uno establece un régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, con pago voluntario y beneficios según la modalidad de adhesión y tipo de deuda que registren. Y el otro está destinado a regularizar activos (blanqueo) por parte de personas, sucesiones y sujetos residentes y no residentes en la Argentina comprendidos en el impuesto a las Ganancias, que también se extiende a sociedades, patrimonios y contratos.

La primera iniciativa prevé para acogerse un plazo de 120 días a partir de la sanción de la ley e incluye obligaciones en curso de discusión administrativa o contencioso judicial (excepto obras sociales y ART, entre otras), a cambio de desistir o renunciar total o parcialmente a toda acción y derecho. Los beneficios serían la condonación del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios en caso de adhesión dentro de los primeros 60 días corridos y la regularización de planes de facilidades de pago en el mismo lapso. En plazos mayores, la condonación se reducirá al 30% con un pago a cuenta de 20% y 24 cuotas y a 10% para facilidades de pago. En todos los casos se condonará el 100% de las multas aplicadas. Para las micro y pymes, el pago será menor (15%) y habrá más cuotas (30) con la tasa del Banco Nación.

En cuanto al blanqueo, el régimen se extendería hasta el 29 de febrero de 2024 aunque podría ser prorrogado dos meses más. Alcanzará a moneda nacional o extranjera, en efectivo o depositada en cuentas bancarias; inmuebles; acciones; participación en sociedades; fideicomisos, títulos valores y a los mismos bienes en el exterior, incluso criptomonedas o criptoactivos.

La base imponible será calculada en dólares estadounidenses a un tipo de cambio de $859 con una alícuota de 0% hasta US$100.000 y de 5% por montos mayores. El impuesto deberá depositarse en una cuenta especial y los fondos no podrán ser retirados sino reinvertidos en activos financieros.

Otra constante argentina: en los últimos 15 años ningún gobierno dejó de disponer un blanqueo, que siempre es un castigo a los contribuyentes que cumplen.