La inversión del Estado está en uno de los niveles más bajos en 30 años

CÓRDOBA.- En enero pasado, el gobierno nacional ejecutó el tercero entre los menores gastos de capital real de los últimos 31 años. Este ítem representa a las inversiones del Estado, que se diferencia del denominado gasto corriente, destinado principalmente al fondeo de salarios, por ejemplo.

La caída interanual de la inversión pública fue del 86%. La comparación de los montos en moneda constante al mes pasado la realizó la consultora Iaraf, que dirige Nadín Argañaraz. El número está en línea con la decisión del presidente Javier Milei de frenar prácticamente toda la obra pública en el país. Ese es otro de los reclamos a la Nación por parte de los gobernadores.

En ese capítulo del gasto, las transferencias de capital a provincias representaron 28% del total. Del análisis de la ejecución presupuestaria desde 1993 a la fecha, surge que el primer y segundo puesto de menor gasto real de capital corresponde a 2002 y 2003, respectivamente. Son los años posteriores a la crisis del 2001.

Con respecto al gasto real promedio entre 1993 y 2023 ($444.000 millones a precios constantes de enero 2024), el del mes pasado resultó un 82,6% menor.

En cuanto a giros de capital a las provincias, con $2.581 millones el mes pasado fue el más bajo de toda la serie. Sobre el promedio real entre 1993 y 2023 ($175.000 millones a precios constantes de enero 2024), la caída este año fue de 98,5% en términos reales.

Argañaraz también evalúa el gasto de capital en inversión real directa y el del mes pasado está entre los seis menores: 72,3% abajo en términos reales del promedio de $269.000 millones, siempre a precios constantes de enero.

Desde la Cámara Argentina de la Construcción advierten por “la delicada situación que atraviesa el sector en el país” y destacan que hay 3.500 los proyectos inconclusos que ponen en riesgo la actividad de las 1.400 empresas asociadas que dan empleo a más de 500.000 trabajadores. Insisten en el “efecto multiplicador” del sector.

LA NACION dio cuenta ayer de que el Ministerio de Infraestructura -que existe todavía en los papeles, pero tiene a Guillermo Ferraro de licencia desde que Milei anunció que se iba- ha ejecutado el 9,40% del presupuesto que tiene asignado para todo 2024.

La gran mayoría de los gastos que se hicieron son pagos de sueldos y subsidios. Cuando se miran los programas, aparecen decenas de ellos con “0,00%” de ejecución.

En el proyecto de ley ómnibus que se cayó, se abría la puerta para que la infraestructura sea financiada por privados y disponía la renegociación o rescisión de contratos en ejecución. Planteaba que el Poder Ejecutivo podría disponer “por razones de emergencia, la renegociación o en su caso, rescisión de los contratos de cualquier tipo que generen obligaciones a cargo del Estado, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023 por cualquier órgano o ente descentralizado de la Administración Pública Nacional”.

Contemplaba un esquema de regreso para las concesiones, un contrato que tiene en su esencia la transferencia del riesgo (del Estado al concesionario) a cambio del pago de un canon que puede o no tener que ver con el resultado de la explotación.

Según un trabajo de Marcelo Capello, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, la inversión real directa consolidada en obra pública (incluyendo los tres niveles del Estado) fue de 2,8% del PIB en 2022.

Entre 2015 y el año pasado, los valores más altos fueron en 2015 (3,3%) y 2017 (3,2%); con 2,8% le siguen el 2016, 2018 y 2022. El piso fue en 2020, con 1,9%.