El rumbo está claro, pero preocupa el instrumental

Pocas veces como ahora se aplica tan bien la frase (atribuida a Alejandro Borensztein), según la cual la Argentina es un país donde quien se va de viaje 20 días encuentra al regresar todo cambiado, pero si vuelve después de 20 años sigue todo igual.

Hace menos de 20 días, a fin de enero, la atención política estaba concentrada en la descomunal ley ómnibus destinada a ampliar libertades económicas y sociales, que sobrevoló el período de sesiones extraordinarias de Diputados sin llegar a destino, en buena medida por mala praxis del oficialismo. Ahora el debate vuelve al ajuste fiscal para podar subsidios a los servicios públicos después de casi cuatro años de tarifas congeladas, como ocurrió en 2016. La diferencia es que, en el caso del transporte, esta vez el Gobierno apuntó primero a las provincias como represalia presidencial al voto en contra de sus legisladores que frustró la ley. En medio de esta pulseada, hace 30 años sigue pendiente un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos promovido por la Constitución Nacional de 1994 y se convirtió en misión imposible porque debería ser aprobado por todas las jurisdicciones.

El rumbo macroeconómico que busca imponer Javier Milei está claro desde el arranque de su gestión: recomponer precios relativos atrasados; desregular mercados; reducir al mínimo el intervencionismo del Estado; las transferencias discrecionales a las provincias y los subsidios a la energía y el transporte. El objetivo es recomponer reservas del BCRA, suprimir el déficit fiscal, la emisión para financiarlo y estabilizar la economía, a través del freno del consumo y la actividad como opción excluyente.

Sin embargo y pese a sus muestras de austeridad (viajes presidenciales en aviones de línea), los instrumentos ultra ortodoxos, no convencionales o conflictivos que suele utilizar, así como sus frecuentes declaraciones de confrontación político-ideológica con la “casta” y su activismo en redes sociales con acusaciones de traición, están creando un clima de preocupación en parte de la población y del empresariado. No están a la altura de su investidura presidencial, resultan difíciles de decodificar, transmiten falta de previsibilidad a corto plazo y dudas sobre la sostenibilidad de las medidas.

Que el Presidente haya afirmado esta semana, en su reportaje con LN+, que la motosierra y la licuadora “no son negociables” es una manera de justificar una constante histórica de la Argentina: a cada exceso “salvaje” de gasto público, le siguen ajustes no menos salvajes, que por lo general fueron necesarios después de gobiernos peronistas. Un dato omitido en el sorpresivo documento escrito de Cristina Kircher, donde la parte fiscal y monetaria para negar su impacto inflacionario muestra toda la impronta de Axel Kicillof y el resto completa un compendio de hipocresías; entre ellas, propuestas de reformas que el kirchnerismo nunca promovió o se dedicó a bloquear. Aun así, resulta llamativo que la inesperada reaparición de la expresidenta tuviera una relativa condescendencia por parte de Milei.

La motosierra para cortar gastos fue, desde la campaña electoral, un símbolo del ajuste fiscal que tras el fracaso de la ley ómnibus, acaba de ser profundizado con la drástica reducción de subsidios a los servicios públicos y el consiguiente ajuste de tarifas con indexación mensual posterior. También con la eliminación masiva de fondos fiduciarios para transparentar el destino y distribución de esas “cajas políticas”, manejadas con escasa o nula rendición de cuentas. No obstante, como algunos de estos fondos canalizan préstamos de organismos financieros multilaterales para obras de infraestructura o planes de asistencia social y tienen auditorías externas o internas (por lo general con retraso), surgen interrogantes sobre el futuro uso de esos recursos.

De manera similar, la licuación resulta la modalidad más clásica para reducir gastos de manera encubierta en contextos altamente inflacionarios. Consiste en anunciar o disponer aumentos de haberes o gastos pero por debajo de la inflación acumulada en determinado período, a fin de bajarlos (“licuarlos”) en términos reales sin que en lo inmediato se note tanto como un recorte nominal.

Los jubilados pueden dar fe de ese deterioro. Un informe de Idesa revela que en febrero el haber mínimo tendrá un poder adquisitivo inferior al de la crisis de comienzos de 2002, calculado en pesos de diciembre de 2023. De hecho, el recorte del gasto previsional y asistencial fue uno de los principales factores del superávit financiero logrado en enero por el Tesoro. Tal vez parte de esos fondos se destinen ahora al aumento de la ayuda escolar, que excepcionalmente fue elevada ayer en 311% (nominal).

Mientras tanto pasó inadvertido que Milei haya puesto en marcha el fuerte ajuste fiscal sobre la base del proyecto de presupuesto nacional para 2024 presentado en el Congreso por Sergio Massa a mitad de septiembre de 2023, pero que no fue tratado ni convertido en ley. En parte porque el entonces diputado y candidato libertario pidió que se postergara para después de las elecciones. Sus proyecciones hoy parecen prehistóricas: inflación de 70% interanual; dólar oficial promedio de $600; crecimiento del PBI de 2,5% y déficit primario equivalente a 0,9% del PBI, pese a las sucesivas ediciones del irresponsable “plan platita”.

Si bien el Poder Ejecutivo tiene la facultad de “reconducir” el proyecto anterior, la situación corrobora que en la Argentina los presupuestos son de goma. A tal punto que el gasto puede ser aumentado vía DNU y las subas o bajas de impuestos nacionales requieren la aprobación de leyes. Por ahora no hay evidencias de la elaboración de un nuevo presupuesto con nuevas prioridades de gasto, que aportaría a la gestión del Presidente una mayor calidad institucional y previsibilidad, claro que en la dudosa hipótesis de hacerlo aprobar y cumplir a rajatabla.

Otra incógnita a corto plazo gira alrededor de la política cambiaria. Milei no descartó que en junio pueda levantar el cepo, como lo contempla la renegociación del acuerdo con el FMI aunque sin plazos taxativos. Previamente había afirmado que tampoco dejó de lado su proyecto de dolarización. En este punto, el exministro Domingo Cavallo aportó pistas con forma de receta en su último informe de fin de enero.

Allí sostuvo que para el Presidente, retomar la prédica dolarizadora es la mejor forma de inducir expectativas de descenso acelerado de la inflación durante 2024 para lograr que en 2025 ya no haya vestigios del cepo cambiario y pueda implementarse un plan de estabilización para erradicarla como la convertibilidad en 1991. “El presidente Milei –agrega– ha aclarado que cuando habla de dolarización se refiere a la libre elección de la moneda por parte de los ciudadanos. Esto es importante para desestimar el argumento de que para dolarizar se requiere disponer de reservas netas equivalentes a todos los pasivos monetarios del BCRA. En otros términos, es posible dolarizar en el sentido de dar libertad de elección de la moneda, cuando el BCRA haya logrado recuperar reservas equivalentes a los encajes legales de los depósitos en dólares del mercado bancario y esté en condiciones de devolver esos depósitos si sus titulares lo requieren”. También resalta que nadie creerá que la propuesta de dolarización es seria mientras siga siendo ilegal la libre compra y venta de dólares, por lo cual es imprescindible el funcionamiento de un segmento cambiario libre sin ningún tipo de interferencia del BCRA y la reducción de la brecha. “Para que el compromiso con la estabilización sea creíble, se deberá evitar un nuevo salto cambiario hasta el momento de la reunificación y liberalización completa del mercado”, concluye.

Por lo pronto, las expectativas están puestas en el mensaje del Presidente el 1° de marzo, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y si hablará dentro o fuera del recinto.