El impuesto global a las corporaciones, trabado por razones políticas

MADRID/BRUSELAS–. 2023 no será el año en que las grandes multinacionales paguen más impuestos. La instrumentación del nuevo marco fiscal que prepara la comunidad internacional se retrasa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), que coordina las negociaciones con el G-20 y que había indicado que el año que viene se lograría ese objetivo, consensuó días atrás un calendario “más realista”, que apunta a 2024. El retraso se debe a que todavía no se han disuelto algunos de los nudos gordianos que atascan las conversaciones, de las que participan más de 130 países. Los escollos vienen de ambos lados del Océano Atlántico. Y no son solamente técnicos.

Tanto en los Estados Unidos, sede de las mayores multinacionales del mundo, como en la Unión Europea, donde hay países que ejercen una competencia fiscal feroz, aparecen elementos que dificultan la aprobación de las nuevas reglas. Las actuales, vigentes desde hace un siglo, están basadas en un mundo que desaparece. Se asientan en la presencia física en un territorio, y ese concepto, con el avance de la globalización y la revolución digital, ya no sirve.

El objetivo del nuevo marco es doble: limitar la carrera a la baja en el impuesto de sociedades, fijando una tasa mínima efectiva de 15%, y obligar a las grandes multinacionales a pagar una porción justa de impuestos, también en aquellos países donde no tienen presencia física, pero sí hacen negocio. Dicho de forma simple, que Amazon o Facebook paguen impuestos en España por lo que venden y, por tanto, ingresan en España, por ejemplo.

“Establecimos deliberadamente un cronograma muy ambicioso para mantener la presión, y creemos que eso ha ayudado a sostener el impulso”, dijo en mayo el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann. En ese entonces advirtió sobre la existencia de “discusiones difíciles en curso” y dijo que “lo más probable” era que la implementación práctica llegara “a partir de 2024, un supuesto confirmado días atrás, en un informe del organismo entregado a los ministros de Finanzas y a los gobernadores de los bancos centrales del G-20.

En la Unión Europea, todo estaba pensado para que la tasa mínima se aprobara durante la primera mitad de este año. Francia, que presidió el Consejo de la UE de enero a junio, puso todo su empeño en sacar el proyecto adelante, pero chocó con dos obstáculos, sucesivamente. Primero se topó con el veto de Polonia; según Varsovia, no era justo aprobar esta parte de la reforma fiscal internacional sin que avanzara en paralelo la otra pata. El argumento y el veto se disolvieron en junio, unas semanas después de que la Comisión Europea diera luz verde al plan de recuperación. La unanimidad requerida para aprobar normas fiscales en la UE parecía lograda, pero entonces levantó la mano Hungría –uno de los países que más peros puso el pasado octubre en las negociaciones globales, y que tiene el nivel de imposición a sociedades más bajo de la UE– para detener el nuevo reglamento. Ahora, es el turno de la presidencia checa para tratar de sacar la norma adelante, algo que aparece entre sus prioridades de este semestre.

Un piso para el tributo

Mientras tanto, varios países han incorporado a sus legislaciones nacionales un piso en el impuesto a las sociedades, como España o los Estados Unidos, que acaba de dar luz verde al tema en la ley de Reducción de la Inflación. La OCDE calcula que la recaudación mundial crecería en más de 100.000 de euros si se alcanzara un acuerdo global sobre un tipo mínimo del 15%. Pero, si el intento fracasara, podrían adoptarse soluciones unilaterales.

“Contrariamente a la opinión general, un impuesto mínimo efectivo no requiere un pacto global”, señala un estudio publicado en 2021 por el Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por el economista Gabriel Zucman. “Si no se lograra un acuerdo internacional sobre un tipo mínimo ambicioso, es posible que un solo país (o un grupo de países) decida adoptar unilateralmente un impuesto mínimo a las sociedades que sea elevado”, lo que presionaría a otros Estados a hacer lo mismo, añade. El mismo director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE, Pascal Saint-Amans, dijo recientemente al Financial Times: “Cuando piensas seriamente en el pilar dos [el tipo mínimo del 15%] te das cuenta de que va a suceder de todos modos”.

Más ampollas levanta la otra pata del acuerdo, que sí necesitaría de un consenso global. “Son negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos nuevos conceptos, que reforman de manera fundamental los regímenes fiscales internacionales”, dijo Cormann en julio. El esquema que se quiere aprobar afectaría a las mayores corporaciones del globo, que deberán pagar un cuarto de los beneficios que exceden la tasa de rentabilidad de 10% en los países donde operan, aunque no estén físicamente. Eso permitirá redistribuir de forma más justa 125.000 millones de euros.

Este mecanismo afectaba inicialmente a las grandes tecnológicas. Por eso, se lo bautizó como tasa Google y se chocó de bruces con los Estados Unidos, meca de las principales multinacionales digitales. La tensión creció durante el mandato de Donald Trump y fue la administración de Joe Biden, atenazada por la elevada factura del Covid y cercada por la multitud de voces que exigían mayor justicia fiscal –hasta el FMI recomendó subir impuestos a las empresas con beneficios excesivos–, la que resucitó las conversaciones. Sin embargo, pronto podría llegar otro revés desde ese país: las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en la que los demócratas podrían quedarse sin mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado.

Además, los países europeos como España, que tienen en vigor un impuesto digital, se han comprometido con los Estados Unidos –que exige su eliminación– a retirarlo a finales de 2023 o en cuanto entre en vigencia la solución multilateral. Fuentes gubernamentales afirman que no habido ningún cambio en este sentido, pese a los retrasos en el acuerdo global.

Ingresos adicionales

El retraso de un año puede parecer una cuestión menor para la reforma de una estructura que lleva asentada un siglo. Pero lo cierto es que los trabajos de la OCDE y el G-20 ya llevaban ocho años en marcha, cuando el año pasado se anunció con bombos y platillos que se había llegado un “acuerdo histórico”, en un momento en el que las arcas públicas necesitaban ingresos adicionales para pagar los costos derivados de la pandemia de Covid. Ahora, es la crisis energética la que tensiona las cuentas nacionales.

Los datos hablan por sí solos: los Gobiernos pierden entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año por la elusión fiscal de las grandes compañías, el equivalente a entre el 4% y el 10% de la recaudación global por el impuesto de sociedades, según la OCDE. El auge de la globalización y el auge de toda una industria especializada en diseñar esquemas para rebajar el pago de impuestos, ha agravado el problema en los últimos años, pero nada de esto sería posible sin los paraísos fiscales y los territorios con fiscalidad agresiva, algunos de ellos en el mismo corazón de Europa (el organismo independiente Tax Justice Network estima que las multinacionales desvían ahí 1,19 billones de dólares cada año). Su mera existencia tiene otro efecto colateral: ha exacerbado la competencia fiscal entre Estados, haciendo caer en picada el tipo nominal del impuesto de sociedades, que en Europa ha pasado del 50% de media en 1985 al 21% en 2020.

De este efecto dominó tampoco se ha librado España, donde el impuesto de sociedades se ha convertido en un queso gruyere, lleno de exenciones y deducciones, que recauda la mitad que hace 15 años y cuyo tipo nominal ha caído en más de siete puntos. En 2019, último dato disponible, las 124 mayores multinacionales españolas rebajaron su tributación global hasta el 16,7% de sus beneficios, y 23 de ellas solo pagaron el 2,6%.

“Seguiremos trabajando lo más rápido posible para finalizar este proyecto, pero también usaremos todo el tiempo que sea necesario para que las normas sean correctas”, afirmó Cormann en julio. “Estas reglas determinarán nuestros regímenes fiscales internacionales durante las próximas décadas. Es importante que sean idóneas”. © El País