El Gobierno define si aumenta el pasaje de trenes y colectivos metropolitanos desde el lunes

Se trata de un equilibrio artesanal, casi una alquimia de números que todos los meses tiene una fórmula distinta. Así, con la mirada bifurcada entre una planilla de cálculo y los datos que miden el humor social, el Gobierno define por estas horas si aumenta las tarifas del transporte de colectivos y trenes metropolitanos.

“Lo vamos a decidir en estos días”, dice un funcionario que participa de la decisión. “Estos días” no son tantos. En medio de una semana corta, todo parece indicar que la medida tendrá luz verde o roja entre hoy y mañana.

El punto es el siguiente. El proceso de aumento de tarifas de trenes y colectivos que se aprobó en enero incluyó una autorización para que el pasaje pueda adecuarse todos los meses según cómo se mueva la inflación.

Si finalmente se decide aplicar los dos meses, la tarifa de colectivos podría subir alrededor de 100 pesos (de 270 a 370 pesos para el boleto mínimo), y la de tren, alrededor de 50 pesos, con lo que el mínimo a pagar para acceder a un andén se iría a unos 180 pesos.

En aquellas audiencias, donde se presentó el nuevo cuadro que rige actualmente y que llevó el boleto más barato de colectivos a $270 y el de tren, a $130, se calculó el precio con costos de diciembre. Pero tres meses en la Argentina logran desactualizar cualquier ecuación. Eso es lo que sucedió. Finalmente, en febrero se puso en marcha y desde ese momento, todo quedó quieto.

El lunes, además, se sumará una novedad: pasa a ser obligatoria la nominalidad de la SUBE. Los que suban a un colectivo con una tarjeta que no esté a nombre de quien viaja pagarán 430 pesos por tramo, mientras que en el ferrocarril se duplicará el monto de la tarifa.

Desde febrero, cuando las máquinas validadoras empezaron a cobrar el nuevo valor del boleto, la inflación estampó altos números. En enero, por caso, fue de 20,6%. Ese índice se conoció a mediados de febrero y se podría haber aplicado a principios de marzo. Pero la decisión oficial fue dejar pasar de largo la actualización para mantener a tiro el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mes.

Hace un puñado de días se publicó el dato de febrero, que arrojó un aumento de los precios de 13,2%, con lo que acumuló en los dos primeros meses un alza de 36,6%. Ese es el número que da vueltas por los escritorios de los despachos del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Transporte, un consolidado de los dos indicadores que se conocieron desde enero.

Ahora bien, cuando se hace zoom en los sectores que componen la canasta de bienes que utiliza el Indec para medir la inflación, el transporte es uno de los rubros que más subió. En los últimos tres meses estampó un incremento de 31,7% en diciembre; 26,3% en enero y 21,6% en febrero. Este rubro, además, es el que más pondera dentro de la canasta de bienes y servicios que utiliza el organismo estadístico para medir los precios de la zona metropolitana, después de “alimentos y bebidas no alcohólicas”. La movilidad se lleva el 11,6% del total, mientras que la comida es responsable del 23,4%. Todo el resto, como por ejemplo salud, educación, restaurante o recreación y cultura, entre otros, están por debajo. De ahí el cuidado que se tiene a la hora de volver a autorizar un movimiento tarifario.

Por estas horas, la duda del Gobierno no solo es si aplica o no una actualización tarifaria sino, además, si utiliza los dos meses, es decir, aquel 36,6%, o si deja correr uno solo de los dos y actualiza una parte. Eso es lo que se decide en estar horas. “Hay que ver cómo cierra el mes de marzo, con algunos de esos datos sobre la mesa se decidirá qué sucede con el transporte”, dice una fuente oficial.

Pero claro, en aquella planilla de cálculos que tienen en el Palacio de Hacienda, todas las celdas están relacionadas. Cuanto más caiga la recaudación frente a los costos del sistema, más se resiente el concepto “transferencias al sector privado para gastos operativos”. Dicho de otra manera más directa: suben los subsidios. El aumento de esta partida, que impacta en el superávit o el déficit de las cuentas públicas, es una de las obsesiones del Gobierno. De hecho, en los números azules de estos dos meses ha basado su plan de Gobierno, ya que el superávit, más ingresos que gastos, es su gran ancla para la estabilización cambiaria.