El acuerdo con el FMI. Una cuenta que no cierra ni en pesos ni en dólares

La economía argentina presenta problemas en la cuenta de dólares y la cuenta de pesos. Concretamente, faltan dólares (pese al saldo comercial de US$14.750 millones en 2021), el Banco Central no logró aumentar las reservas y están en un nivel negativo y el déficit fiscal (sin contar el rojo del Banco Central) cerró 2021 en el 3% del PBI. Ahora el acuerdo con el FMI prevé ir bajando ese número a 2,5% este año, 1,9% en 2023 (año electoral) y 0,9% en 2024. El documento difundido ayer no lo dice, pero el Fondo se ocupó de destacar que en 2025 se debería llegar al déficit cero.

Sobre estas cuentas, apareció la invasión de Rusia sobre Ucrania, que además de las brutales consecuencias humanitarias y políticas, está impactando sobre los precios internacionales de las materias primas que, entre muchos países, la Argentina exporta e importa.

La parte “buena” es que el país conseguirá más dólares por sus exportaciones de granos y derivados. En el sector calculan que serán unos 1800 millones de dólares adicionales este año, sobre un 2021 que ya había sido muy beneficioso.

La parte mala es que, de igual modo, o incluso más, el aumento de los precios de la energía (petróleo y gas) obligará a nuestro país a gastar más dólares por el gas que importa. Dependerá de cuánto crezca la economía y de cuán crudo sea el próximo invierno. Otra vez, mirando al cielo. El año pasado las importaciones de energía sumaron casi US$1100 millones, a un promedio de 8 dólares por millón de BTU. Este año se espera que las importaciones oscilen entre 3000 y 3500 millones de dólares, según analistas citados por la agencia Reuters. “Se habla de más de US$3000 millones de importación de GNL con el precio de 24 dólares, ahora ya está en casi 40 dólares”, explicó a Reuters Daniel Dreizzen, de la consultora Ecolatina y exsecretario de Planificación Energética.

El economista Carlos Melconian destacó ayer en Radio Mitre que el alza de los granos no compensará el mayor gasto en gas. Entonces en términos netos habrá que usar más dólares, con un Banco Central, de nuevo, contando las monedas.

Pero, además, los mayores precios del gas afectarán la cuenta de subsidios a las tarifas de energía, que el Gobierno acaba de acordar reducir con el FMI. Con los aumentos de tarifas establecidos, ¿será posible reducir el déficit público en la proporción establecida en el acuerdo? Según varios especialistas, cerrar esa cuenta implica o tarifas aún más altas o déficit mayor, en un esquema que ya de por sí no cierra en los términos acordados.

“La cuenta de subsidios bajando 0,6% del PBI con estos precios internacionales y con menos gas de Bolivia luce inviable. No sé como lo van a dibujar. Sobre todo cuando el Gobierno enfatizó que las tarifas van a subir menos que los salarios”, analizó Marina Dal Poggetto, directora de EcoGo, para LA NACION. “Con la segmentación no alcanza”, agregó.

“La mayoría de los países de la región ya redujeron su relación gasto/PBI a niveles anteriores a la pandemia, y la Argentina se está quedando un 2,5% arriba de 2019, con aval del Fondo. Son US$12.000 millones, y el grueso de esa cifra son subsidios”, señala Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Ieral (Fundación Mediterránea). “Y ese número te obliga a endeudarte al ritmo que estamos viendo en el mercado local”, agrega.

Vasconcelos calcula que el año pasado el endeudamiento del Gobierno en pesos ascendió al equivalente a US$40.000 millones, con plazos de renovación no superiores a 18 meses. “Es muy peligroso para el gobierno que asuma en 2023, porque al bajar tan lento el déficit y el financiamiento monetario, encontrará una espada de Damocles en este sentido”, concluye.

¿Cómo cierra el esquema? “En este tobogán de la decadencia, no vamos a una híper, pero sí estaremos peligrosamente en una inflación cerca del 50% anual”, advertía ayer Melconian. “Lo que no ajusta el Gobierno, se ajusta con inflación o con más devaluación”, resumió, idea que comparte Dal Poggetto, entre otros colegas. Según el cuadro incluido en el documento oficial difundido ayer, esa variable bajaría del 50,9% del año pasado a un rango de 38/48% este año, 34/42 el próximo y 29/37 en 2024.

Riesgo de incumplimiento

Estas preguntas dejan al documento que ingresó en el Congreso bajo el riesgo potencial de incumplimientos de las metas trimestrales a la vuelta de la esquina. En esos casos, las pautas de un EFF establecen reprogramaciones de las metas para poder seguir accediendo a los desembolsos del FMI. ¿Veremos un esquema de reprogramaciones permanentes?

El acuerdo no establece (y el Gobierno se jacta de ello) ninguna reforma estructural impositiva, laboral o previsional. Y al mismo tiempo plantea como objetivo (entre otros) mejoras en la creación de empleo y de ingresos, tanto fiscales (para ayudar a equilibrar las cuentas públicas) como de la población (reducción de la pobreza), lo que sucedería por el mayor crecimiento de la actividad que pronostica el ministro Martín Guzmán.

Nada de eso ha sucedido en los últimos 10 años: la expansión de 2021 solo recuperó la brutal caída del primer año de la pandemia y casi no creó nuevos empleos formales en el sector privado (considerado como empleo genuino y de calidad). Tal vez sea hora de revisar aquellos paradigmas fijados en un mundo con varias décadas de antigüedad.

El tipo de programas como el que se apresta a aprobar para la Argentina, a diez años de plazo, suelen plantearse, además de para fortalecer las cuentas públicas y externas, para financiar la ejecución de reformas de mediano plazo como aquellas, con el objetivo de “sanear” la economía para cuando deje de necesitar este “bastón”. De no suceder esto, el riesgo es que al vencimiento del programa todo vuelva a fojas cero, en una economía con crecimiento exiguo (en el mejor de los casos), inflación e indicadores sociales sin muchos cambios.

“Es difícil disentir con la idea de un Estado que aplique políticas contracíclicas. Pero para hacer eso hacen falta recursos, que salen de los impuestos o del crédito. Y nosotros no tenemos ninguno de los dos. Entonces, la única vía es la posibilidad de emitir, pero es un instrumento que no genera confianza. Con lo cual para hacer que el crecimiento se pueda transformar en inversión, nuevos empleos y más producción, lo que hace falta no es gasto público, es confianza. Confianza en las políticas que se van a aplicar, por parte de este gobierno y del próximo”, resumía semanas atrás Héctor Torres, exdirector del FMI por la Argentina.

Las cartas (también la de intención) están echadas.