Medidas y decisiones que ponen la paciencia a prueba

Decía un dirigente rural hace unas semanas cuando ya vislumbraba que las medidas del nuevo gobierno no iban a provocar de inmediato un giro de 180° para el campo: “Tenemos que tener paciencia”. El ruralista argumentaba que las urgencias para corregir las distorsiones macroeconómicas también requerían de un esfuerzo para el agro, pero que, al final del camino, el marco general iba a favorecer a la actividad.

En estos días, la paciencia del ruralista se está poniendo a prueba. El Gobierno tiene más noticias malas que buenas para brindarle. La ratificación del aumento de los Derechos de Exportación (DEX) para los cereales, la suba de dos puntos porcentuales para los derivados de la soja y el incremento al 15% de buena parte de los productos de las economías regionales (con excepción de 18 rubros y 8% al vino) revelan que el ajuste de las cuentas fiscales también estará a cargo de los sectores productivos.

Aunque todavía no está vigente porque tiene que pasar por la aprobación del Congreso, el horizonte de corto plazo para estos sectores comienza a oscurecerse. El sinceramiento del tipo de cambio vino con el de los costos de los insumos, como los combustibles, por lo cual la rentabilidad está afectada. Un informe de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) dio varios ejemplos críticos. En carne ovina, cuyo 85% proviene de la Patagonia, “la abrupta suba a 15% [estaban en 0%], en un contexto de precios internacionales al 50% de su valor de años previos, limita toda posibilidad de exportar en 2024″. Para el fisco, significaría apenas un ingreso de hasta US$2 millones, pero para unos 2000 productores representaría una merma de entre $500.000 y $800.000. Un claro decincentivo a generar dólares genuinos por la exportación de bienes y pensar en inversiones para crear puestos de trabajo.

“Para los productores de chía, los derechos de exportación implican una baja de rentabilidad de 33%”, explica CRA y enfatiza que para el “sésamo, el poroto mung o el maíz pisingallo presentan otros tipos de problemas, porque ante la introducción de derechos de exportación, el impacto negativo sobre productores de Salta, Jujuy, Tucumán y Chaco sería enorme, y el beneficio para el Estado es mínimo”. En el caso del vino, la entidad destaca que se prevé una caída de ventas en el consumo interno, por lo que la salida exportadora será vital para bodegas y productores. Y enfatiza que los ingresos por US$80 millones que obtendría el Estado por la suba de la alícuota de los DEX no justifica el impacto negativo para la actividad.

Las advertencias por las subas propuestas para los DEX también vinieron de la política. Luis Picat, diputado nacional (UCR-Córdoba) y productor, advirtió que habrá “rentabilidad negativa” en zonas alejadas de los puertos y que otros productores apenas “saldrán hechos”. El legislador alertó por las posibles consecuencias: “márgenes negativos , menos inversiones, menos producción, pérdida de mercados, incertidumbre en el arbitraje de precios en mercados de competencia perfecta, como la soja, maíz y trigo”.

Si bien las autoridades de Economía prevén un mayor ingreso de divisas en 2024 respecto de 2023 por la recuperación de la cosecha tras la sequía, el escenario de precios internacionales no es tan propicio como lo fue en 2022. En un informe reciente, la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó ingresos para el país por US$35.800 millones por los seis cultivos principales, unos US$5000 millones menos que en el ciclo 21/22. Calculó un volumen de cosecha de 137 millones de toneladas. Esperar un golpe de suerte del clima o de los mercados no es la mejor propuesta para que el agro se transforme en el eje de la recuperación económica del país.

A la lista de malas noticias se sumó la decisión del Banco Central de prorrogar por seis meses la norma que impone una sobretasa a los créditos a quienes tengan en stock más del 5% de la soja declarada. La Mesa de Enlace quiere convencer a las autoridades del BCRA de que la medida es un sinsentido.

En el estrecho renglón de las buenas noticias aparece la decisión del Gobierno de terminar con la prohibición a exportar siete cortes vacunos que había dispuesto la administración de Alberto Fernández. También aparece el mantenimiento del cero por ciento en los DEX para los lácteos, aunque se fija un límite para el 30 de junio próximo y se eliminan los reintegros a la exportación. La paciencia del ruralista seguirá siendo puesta a prueba.