En concurso: un juez extendió la intervención de la cerealera Vicentin y pidió informes

SANTA FE.- La intervención societaria de la agroexportadora Vicentin Saic se mantendrá hasta el 30 de agosto próximo mientras se diligencia la homologación del acuerdo preventivo obtenido con las mayorías de ley en el concurso que tramita la justicia provincial. Esa resolución del juez en lo Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, se conoció ayer cuando también se recordó que el 31 de marzo de 2024 se produciría el vencimiento del plazo señalado para la intervención del directorio de la concursada. Fuentes allegadas a la empresa señalaron que se trata de un mecanismo habitual ya que se hizo en otras oportunidades. La firma cayó en default en diciembre de 2019 y luego entró a un concurso de acreedores por más de US$1500 millones.

La medida, aclaró el magistrado, es “sin perjuicio de eventuales modulaciones conforme a las circunstancias sobrevinientes”, ya que si bien Lorenzini no desconoce que la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial y Laboral de Reconquista homologó la propuesta concordataria, “hasta el presente no se remitió definitivamente el expediente, ni se comunicó la presentación de recursos contra aquella sentencia, su eventual concesión o denegación”.

En el escrito, el juez dijo que “la recuperación de las deudas en mora no registraron avances significativos” dado que “tales recursos monetarios podrían emplearse inmediatamente para mejorar la caja de la concursada y aumentar la capacidad de repago a los acreedores”.

En consecuencia, Lorenzini pidió a los interventores que intensifiquen su labor para “explicar razonablemente cuáles son los impedimentos al respecto y proponer medidas concretas para revertir este escenario en forma urgente”.

A ello sumó el requerimiento de un informe que discrimine cuentas por cobrar a terceros, cuentas por cobrar intercompany (que son las empresas satélites que surgieron a partir de Vicentín Saic, pero que no están alcanzadas por el Concurso de Acreedores), casos en mora, discriminación de los intereses devengados o devengables en cada uno de los casos y las propuestas de la intervención para el recupero de dichos créditos. Ese informe debe ser presentado antes del 10 de abril venidero.

En la resolución, Lorenzini explicó que tuvo en cuenta que el 31 del corriente mes se produciría el vencimiento del plazo señalado para la Intervención del Directorio de la concursada, conforme a la última prórroga, siendo necesario prever con antelación la continuidad -o no- de la misma. Y, si bien tiene conocimiento que la Cámara de Apelaciones homologó el acuerdo, “hasta el presente no se remitió definitivamente el expediente, ni se comunicó la presentación de recursos contra aquella sentencia, su eventual concesión o denegación. Es decir que no contamos (hasta el momento) con certezas acerca de los efectos de la resolución homologatoria, o la eventual suspensión de los mismos, conforme a la ley que rige la concesión del Recurso Extraordinario Provincial”.

Frente a este panorama aún incierto en cuanto a futuros pasos procesales, el magistrado consideró “necesario” mantener en sus funciones a los interventores, Andrés Shocron y Guillermo Nudemberg, cuya actividad -dice- “ha sido de gran relevancia para el seguimiento de la administración y los negocios de la sociedad concursada”.

“Estamos convencidos de que resulta prudente mantenerla vigente, en resguardo de la calidad en la administración de la empresa en crisis como así también para la preservación de sus activos y negocios, al menos hasta que el órgano de administración se integre (conforme lo previsto en los acuerdos empresarios), con directores representantes de las empresas inversoras”, remarcó.

Debe recordarse que el juez de la primera instancia, Lorenzini, tiene facultades para seguir disponiendo medidas que no sean contrarias a la sentencia de la Cámara.

Vale recordar que Vicentin debe unos US$1500 millones y propone devolver un torno del 30% de la acreencia. La empresa tiene un plan con un fideicomiso y la suma de tres inversores estratégicos Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), que se quedarían con el 95% de la empresa, en tanto que otro 5% de la concursada quedaría para los actuales accionistas.