A un año de la tragedia del Chapecoense, aún no se pagaron las indemnizaciones a sobrevivientes y familiares

RIO DE JANEIRO/LA PAZ (DPA) – Un año después de la tragedia del accidente aéreo que sufrió el Chapecoense, las familias de las 71 víctimas y los seis sobrevivientes aún luchan por cobrar las indemnizaciones por parte de la aseguradora de la empresa aérea LaMia.

Pocas horas después del siniestro, ocurrido el 28 de noviembre pasado, comenzaron a ser reveladas una serie de irregularidades sobre la constitución y funcionamiento de la empresa. La aseguradora que realizó la póliza, la boliviana Bisa, alegó que no podía pagar las indemnizaciones debido a que LaMia había atrasado el pago del servicio.

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, reveló tiempo después del accidente que la licencia que tenía LaMia era producto de "un negociado". La empresa estaba registrada en Bolivia con el nombre de LaMia Corporation.

“Tuvimos varias reuniones en Brasil con las aseguradoras por intermedio del Chapecoense, y siempre reconocieron que no iban a pagar el seguro porque LaMia no cumplió con partes del contrato”, explicó Fabiano Emery, el abogado que representa a 18 familiares de víctimas -16 son parientes de futbolistas- que murieron en el vuelo 2933.

En ese sentido, Emery, que también representa en las negociaciones a los tres futbolistas que sobrevivieron -Alan Ruschel, Hélio Zampier Neto y Jackson Follmann-, detalla que Bisa y reaseguradoras inglesas ofrecieron un fondo humanitario de 200.000 dólares por víctima, pero con la condición de que fuera firmado un acuerdo colectivo de renuncia a efectuar acciones legales contra cualquier empresa y el club.

No hubo acuerdo: que 71 familias de las víctimas y los seis sobrevivientes aceptaran el trato significaba que las aseguradoras se ahorrarían 10 millones de dólares de la póliza original de 25 millones.

El abogado explica que las irregularidades que puedan haber sido cometidas por LaMia o por las autoridades del caso no atañen de forma directa a las víctimas, aunque la constitución y seriedad de la empresa sí pueden desempeñar un papel importante para el reclamo por el pago de las indemnizaciones.

"Entendemos que uno de los responsables es la empresa AON de Inglaterra, que fue la que ofreció e intermedió ese seguro de Bisa con LaMia”, explica Emery.

Un mes después del accidente, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia presentó un informe en La Paz donde estableció que "la responsabilidad directa del accidente la tienen la empresa y el piloto (Miguel Quiroga, muerto en el accidente)”.

LaMia disponía de tres aviones, pero solo uno estaba en condiciones de volar: la aeronave, un Avro Regional Jet 85, tenía una autonomía de vuelo de 2.965 kilómetros y el 28 de noviembre del año pasado debía recorrer 2.960 kilómetros entre Santa Cruz (Bolivia) y Medellín (Colombia) con la delegación del club brasileño.

La controladora aérea del aeropuerto boliviano Celia Castedo advirtió que el tiempo de ruta era igual a la autonomía de vuelo y que el combustible no era suficiente para llegar a Medellín. Su observación técnica fue pasada por alto por sus superiores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA).

El avión viajó sin tener registro de un segundo aeropuerto alterno para aterrizar en caso de emergencia. Al quedarse sin combustible, se produjo el accidente.

El caso está archivado en Bolivia, pero dejó a varias personas con detención preventiva, como Gustavo Vargas Villegas, responsable de la oficina de registros de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia (DGAC), y su padre, Gustavo Vargas Gamboa, que era gerente de LaMia, detenido por homicidio involuntario.

Asimismo, la Fiscalía Federal del estado de Santa Catarina de Brasil señaló en sus conclusiones de la investigación que encontró indicios de que la empresa sería propiedad de la familia Albacete de Venezuela.

De acuerdo con la fiscalía, Loredana Albacete, hija del ex senador Ricardo Albacete, propietario del avión, aparece como responsable de una empresa en Hong Kong que cobró los 140.000 dólares por el servicio de traslado del equipo brasileño de Santa Cruz de la Sierra a Medellín.